Exalcalde de Villa Alegre queda en prisión preventiva por presunto fraude al Fisco en compra de terreno municipal
El Juzgado de Garantía de San Javier decretó este lunes 19 de octubre la prisión preventiva del exalcalde de Villa Alegre, Pablo Benito Fuentes Vallejos, tras ser formalizado por el delito de fraude al Fisco, en una investigación relacionada con la compra de un terreno municipal cuyo valor habría sido considerablemente superior al precio de mercado.
La medida cautelar fue solicitada por el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado (CDE), en el marco de una investigación que busca determinar eventuales irregularidades en la adquisición de un inmueble rural destinado a un proyecto de salud comunitaria.
Según los antecedentes expuestos durante la audiencia, el municipio pagó $100 millones por un terreno de aproximadamente 6.200 metros cuadrados, ubicado en el sector Monte Grande, Estación Villa Alegre. La Fiscalía estima que la operación habría ocasionado un perjuicio al patrimonio municipal cercano a los $82 millones.
Las irregularidades que investiga la Fiscalía
La investigación se concentra en actuaciones realizadas entre 2022 y 2023, cuando Pablo Fuentes ejercía como alcalde de Villa Alegre.
De acuerdo con la tesis del Ministerio Público, el entonces jefe comunal habría intervenido directamente en las gestiones para adquirir el terreno, incluyendo negociaciones y actuaciones relacionadas con su tasación.
Uno de los aspectos cuestionados corresponde al procedimiento de compra mediante trato directo, que, según la Fiscalía, no habría contado con una justificación legal suficiente para prescindir de un mecanismo competitivo.
Asimismo, los investigadores cuestionan las tasaciones utilizadas para determinar el precio del inmueble.
La municipalidad contó con dos valoraciones, de $101 millones y $110 millones, respectivamente. Sin embargo, el Ministerio Público sostiene que se habrían utilizado como referencias terrenos urbanos de Linares para valorar una propiedad de características rurales.
La Fiscalía también expuso antecedentes sobre operaciones de compraventa de terrenos colindantes realizadas por montos considerablemente inferiores, situación que forma parte de los elementos examinados para establecer el eventual perjuicio económico.
Compra fue aprobada por el Concejo Municipal
Otro antecedente relevante de la investigación corresponde a la aprobación de la adquisición por parte del Concejo Municipal de Villa Alegre.
Según los antecedentes conocidos, el cuerpo colegiado aprobó la operación el 27 de diciembre de 2022, con cinco votos favorables y uno en contra.
Posteriormente, el 13 de enero de 2023, se suscribió el contrato de compraventa del inmueble.
La investigación deberá esclarecer las circunstancias en que se adoptaron estas decisiones, la información entregada a los concejales y las eventuales responsabilidades penales derivadas de la operación.
Tribunal ordenó prisión preventiva
Durante la audiencia de formalización, el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado solicitaron la prisión preventiva del exalcalde, argumentando la gravedad de los hechos investigados y los antecedentes reunidos.
El juez subrogante del Juzgado de Garantía de San Javier, Patricio Troncoso, acogió la solicitud al considerar que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad.
Por su parte, la defensa del exalcalde sostuvo que Fuentes había colaborado con la investigación, comparecido voluntariamente y que no registraba condenas anteriores, solicitando medidas cautelares menos intensas.
El tribunal rechazó dicha petición y dispuso que el exjefe comunal cumpla la prisión preventiva en el Complejo Penitenciario de Talca.
Además, fijó un plazo de investigación de dos meses, período durante el cual el Ministerio Público podrá continuar las diligencias destinadas a esclarecer los hechos y establecer posibles responsabilidades.
Es importante precisar que la prisión preventiva constituye una medida cautelar decretada durante el proceso penal y no una condena. Pablo Fuentes Vallejos mantiene su presunción de inocencia mientras no exista una sentencia judicial firme que establezca su responsabilidad.
El caso vuelve a situar bajo atención pública los mecanismos de adquisición de inmuebles por parte de las municipalidades, particularmente la fundamentación de los precios, la utilización de tasaciones y los controles asociados a la administración de recursos públicos.
