Proyecto busca extraer más de 824 mil metros cúbicos de áridos del río Maule.

Un proyecto que pretende extraer 824.278,99 metros cúbicos de material pétreo desde el cauce del río Maule se encuentra actualmente sometido al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

La iniciativa se denomina “Extracción de Áridos en Río Maule, Isla N°2”, corresponde a la empresa CIVILPRO SpA y fue ingresada al sistema electrónico de evaluación ambiental durante junio de 2026. El proyecto se ubicaría entre las comunas de Maule y San Javier de Loncomilla, en el sector camino a Quiñipeumo, y contempla la extracción desde tres grandes cuñas ubicadas en el cauce del río, además de una planta para procesar el material.

La magnitud de la iniciativa explica por qué su evaluación está generando especial atención. El proyecto contempla una inversión declarada de US$815.000 y una vida útil cercana a los 10 años. La superficie informada en el expediente es de aproximadamente 48 hectáreas, de las cuales las tres cuñas y la instalación de faenas comprenden unos 480 mil metros cuadrados.

¿Dónde se realizaría la extracción?

Según la documentación presentada por el titular, las tres áreas de extracción se encuentran en el río Maule, aproximadamente 11 kilómetros aguas arriba de la confluencia entre los ríos Maule y Loncomilla. El material sería retirado del cauce y trasladado hasta una planta procesadora instalada en el mismo proyecto.

El acceso de vehículos y camiones se efectuaría principalmente desde la comuna de Maule, utilizando la Ruta K-505 —ex K-635— y un camino interior situado al sur del sector de Monte Alegre.

En operación, el proyecto calcula un flujo de hasta 15 camiones tolva diarios para retirar el material procesado, cantidad que podría variar de acuerdo con las ventas.

Diez años de funcionamiento

El cronograma acompañado por la empresa proyecta la fase de operación desde fines de 2027 hasta aproximadamente marzo de 2037.

La extracción propiamente tal se concentraría principalmente en los meses de menor caudal: enero, febrero, marzo, abril, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. La empresa señala que pretende evitar la extracción durante los meses de mayor precipitación y caudal.

El procesamiento de los áridos, sin embargo, podría realizarse durante todo el año dependiendo de la demanda comercial.

La primera alerta: cuatro especies de peces nativos en conservación

Uno de los antecedentes ambientalmente más relevantes está bajo el agua.

Los estudios del propio proyecto identificaron en el área de influencia cuatro especies de peces nativos en categoría de conservación: Percilia gillissi, Trichomycterus areolatus, Cheirodon galusdae y Percichthys trucha.

Esto motivó una observación directa de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, que exigió al titular explicar con mayor detalle las medidas destinadas a evitar alteraciones del ecosistema acuático y presentar un Plan de Rescate y Relocalización de Especies Hidrobiológicas, destinado a impedir la mortalidad de ejemplares durante las obras.

El organismo también ha requerido seguimiento ambiental de las condiciones del ecosistema acuático durante la operación.

Y los cuestionamientos no se limitan a los peces. Los estudios registraron fauna terrestre, reptiles y anfibios, entre ellos el sapito de cuatro ojos (Pleurodema thaul), clasificado como casi amenazado, respecto del cual también se plantean medidas de rescate y relocalización.

La contradicción sobre los humedales

Otro punto que deberá aclararse durante la evaluación resulta especialmente relevante.

La documentación original del titular sostiene que el proyecto no se emplaza en un humedal urbano.

Sin embargo, durante la evaluación ambiental se pidió expresamente revisar esa afirmación. El informe consolidado del SEA señala que el proyecto aparece superpuesto al “Humedal Sistema Cuenca Río Maule y Tributarios”, identificado en la plataforma SIMBIO del Ministerio del Medio Ambiente, y pide analizar la aplicabilidad de la normativa correspondiente.

Esto no significa por sí solo que la intervención de un humedal esté jurídicamente establecida, pero sí que es una de las materias que el titular deberá aclarar y fundamentar durante el proceso de evaluación.

Dirección de Obras Hidráulicas: la zona se inundó en las crecidas de 2023

Probablemente uno de los antecedentes más gráficos del expediente proviene de la Dirección de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas.

El organismo advirtió que la instalación de faenas proyectada se encontraría dentro del cauce del río Maule y que ello representa un riesgo potencial para trabajadores, equipos e infraestructura frente a eventos de crecida.

La observación se sustenta, entre otros antecedentes, en imágenes satelitales del 26 de agosto de 2023, posteriores a las fuertes crecidas que afectaron a la Región del Maule. De acuerdo con el organismo, esas imágenes muestran que el lugar previsto para las instalaciones resultó inundado durante aquel evento extraordinario.

Por esta razón, se plantea que durante mayo, junio, julio y agosto no solamente se suspenda la extracción, sino que se efectúe el retiro completo de las instalaciones de faena, para evitar arrastre de materiales y riesgos para las personas.

La DOH también dejó establecido un máximo de 82.427 metros cúbicos de extracción anual, acompañado de levantamientos topográficos que permitan comprobar cada año el volumen efectivamente retirado.

Y existe otra precisión importante para la comunidad: incluso una eventual Resolución de Calificación Ambiental favorable no constituye por sí sola la autorización para extraer áridos. Los permisos sectoriales y municipales correspondientes deberán igualmente tramitarse. Así lo deja expresamente establecido el oficio de la Dirección de Obras Hidráulicas revisado por Radio Pamela.

La Municipalidad de Maule manifestó su rechazo

La postura de la Municipalidad de Maule es especialmente categórica.

Mediante un oficio dirigido al Servicio de Evaluación Ambiental, el municipio expresó formalmente su “incompatibilidad y desacuerdo” con la Declaración de Impacto Ambiental.

El documento sostiene que las labores de extracción y el tránsito de maquinaria pesada podrían modificar la morfología del río, incrementar riesgos de socavación de las riberas y alterar el comportamiento del escurrimiento durante crecidas.

Además, la Municipalidad cuestiona el eventual efecto del tránsito de camiones sobre caminos comunales y rurales, la generación de polvo y ruido, los riesgos viales y la suficiencia del estudio respecto de la biodiversidad, aguas y efectos acumulativos con otras faenas presentes en el río.

En su conclusión, el municipio declara su “rotundo desacuerdo y rechazo a la ejecución del proyecto”, argumentando riesgos para las riberas, el recurso hídrico, la calidad de vida de los habitantes y las políticas de desarrollo sustentable de la comuna. El oficio también señala que la Municipalidad se reserva la posibilidad de promover o apoyar mecanismos de participación ciudadana durante la evaluación.

Esto corresponde a la posición institucional del municipio dentro de la evaluación y no equivale jurídicamente al rechazo definitivo del proyecto por parte del Servicio de Evaluación Ambiental.

Gobierno Regional plantea una exigencia mayor: un Estudio de Impacto Ambiental

El Gobierno Regional del Maule también efectuó observaciones importantes.

Su análisis reconoce que, desde el punto de vista de los instrumentos de planificación territorial revisados, el emplazamiento no sería necesariamente incompatible. Sin embargo, en materia ambiental el diagnóstico es distinto.

El Acta de Evaluación N°476 destaca la presencia de especies acuáticas en estado de conservación y cuestiona los efectos de realizar excavaciones y extracción dentro de un cauce activo e inundable.

El informe además observa que los antecedentes presentados no incorporan un modelo hidráulico bidimensional ni un análisis de transporte de sedimentos que permita estudiar adecuadamente los eventuales efectos aguas abajo, mencionando particularmente la infraestructura del Puente Ruta 5 Sur.

La conclusión técnica es contundente: el Gobierno Regional se manifestó disconforme con la Declaración de Impacto Ambiental presentada y solicitó que el proyecto sea evaluado mediante un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), un procedimiento más exigente que la actual Declaración de Impacto Ambiental.

Es importante aclarar un punto que podría generar confusión al revisar el expediente: el Consejo Regional aprobó favorablemente el Acta y sus observaciones, no una aprobación ambiental del proyecto. El pronunciamiento formal del GORE registra el Acuerdo CORE N°375 respecto de esas observaciones.

También existen reparos por el tránsito de camiones

El acceso al proyecto constituye otra materia pendiente.

El informe consolidado de observaciones solicita analizar las condiciones de la Ruta K-505, su capacidad, los flujos actuales y los vehículos adicionales que generaría la faena. También solicita identificar establecimientos educacionales, centros de salud y sectores poblados que eventualmente se encuentren en las rutas utilizadas por los camiones.

Más significativo aún, el documento señala que el empalme del camino local con la Ruta K-505 presenta deficiencias de seguridad vial para el tipo de actividad proyectada, por lo que requiere medidas y una solución que deberá ser aprobada por la Dirección de Vialidad.

Polvo y material particulado

La propia Declaración de Impacto Ambiental estima que durante el año de mayores emisiones se podrían producir alrededor de 5,45 toneladas anuales de MP10 y 1,15 toneladas de MP2,5.

Según los antecedentes entregados por el titular, al superarse el límite correspondiente deberá implementarse una compensación equivalente al 120% de las emisiones, calculada en aproximadamente 6,54 toneladas de material particulado.

Las principales fuentes identificadas son las excavaciones, movimiento y acopio de material, chancado, pulverización, circulación de vehículos por caminos pavimentados y no pavimentados y combustión de motores.

El SEA detectó además problemas que deben ser aclarados

La revisión de los documentos permite advertir que existen antecedentes que todavía requieren consistencia.

Por ejemplo, una sección del resumen ejecutivo habla de un predio de 46,13 hectáreas, mientras la ficha oficial del proyecto y otras partes del mismo expediente indican 48,04 hectáreas.

También aparecen distintas referencias respecto de las fechas de inicio: una ficha señala el 30 de septiembre de 2026, mientras los cronogramas posteriores sitúan la construcción y operación durante 2027.

Precisamente, el informe consolidado exige al titular mantener coherencia entre la información de la Adenda, sus anexos, planos y fichas resumen.

Otro asunto de fondo es el posible efecto acumulativo de distintas extracciones de áridos sobre un mismo sector del río Maule. El proceso de evaluación cuestiona que la DIA no haya evaluado suficientemente la interacción con faenas de áridos que ya cuentan con resoluciones ambientales vigentes, advirtiendo que la superposición espacial y temporal puede constituir una presión acumulativa sobre los hábitats.

¿Está aprobado el proyecto?

No.

Este es probablemente el dato más importante para evitar confusiones entre los vecinos.

El proyecto se encuentra todavía en evaluación ambiental. El Servicio de Evaluación Ambiental elaboró un extenso Informe Consolidado de Solicitud de Aclaraciones, Rectificaciones y Ampliaciones —ICSARA—, que reúne las observaciones realizadas durante la evaluación. El titular deberá responderlas mediante una Adenda antes de que continúe el procedimiento.

La documentación revisada fija como fecha para presentar esa respuesta el 15 de septiembre de 2026.

Por consiguiente, ni las objeciones de la Municipalidad o del Gobierno Regional significan que el proyecto ya esté rechazado, ni la presentación inicial de la empresa implica que se encuentre autorizado. La decisión ambiental aún no se ha adoptado.

¿Puede participar la comunidad?

Sí existen mecanismos de participación ciudadana contemplados por la legislación ambiental.

El aviso de difusión del proyecto informó que, tratándose de esta Declaración de Impacto Ambiental, puede solicitarse la apertura de un proceso de participación ciudadana si lo requieren al menos dos organizaciones ciudadanas con personalidad jurídica o diez personas naturales directamente afectadas, dentro del plazo legal contado desde las publicaciones correspondientes.

Radio Pamela no cuenta entre los antecedentes revisados con la fecha exacta de las publicaciones que permite determinar aquí si ese plazo continúa actualmente vigente, por lo que quienes deseen participar deberían verificar directamente el estado procesal ante el Servicio de Evaluación Ambiental.

Un debate que recién comienza

La extracción de áridos es una actividad necesaria para la construcción y el desarrollo de infraestructura. El propio titular sostiene que las condiciones sedimentológicas del río permitirían una recuperación de material y que la actividad se concentraría en períodos de bajo caudal, evitando impactos significativos sobre la dinámica fluvial. De acuerdo con sus cálculos, existiría un potencial de recuperación de aproximadamente 304 mil metros cúbicos por año.

Pero esa conclusión está siendo examinada y cuestionada por diversos organismos técnicos.

En este caso, la discusión involucra no solamente el volumen de áridos que pretende extraerse, sino también la biodiversidad del río Maule, sus riberas, el comportamiento del cauce durante grandes crecidas, el tránsito de camiones por caminos rurales, las emisiones de polvo y los posibles efectos acumulativos de distintas faenas durante los próximos diez años.

Para las familias de Maule, por lo tanto, lo que ocurra durante las siguientes etapas de la evaluación ambiental merece especial atención.

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