Operación Castillo de Naipes y su relación con Maule.
Diez personas, siete vinculadas a organismos públicos y tres particulares, fueron formalizadas ante el Juzgado de Garantía de San Javier después de una investigación encabezada por el fiscal jefe Patricio Caroca y la Brigada Investigadora de Delitos Económicos de la PDI de Linares. El tribunal decretó para todas ellas prisión preventiva por estimar que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad y fijó cuatro meses para completar la investigación.
Entre los formalizados aparece un nombre especialmente relevante para la comuna de Maule: Óscar Eduardo Pérez Ramos, funcionario con una extensa trayectoria en el Gobierno Regional y quien figura además en la información institucional de la Corporación Municipal de Deportes de Maule como integrante de su directorio y vicepresidente.
Ese vínculo obliga a realizar una distinción desde el comienzo: la Corporación Municipal de Deportes de Maule no aparece entre las instituciones defraudadas identificadas por la Fiscalía, ni existen antecedentes públicos que indiquen que sus recursos formen parte de esta investigación.
Lo que sí existe es una conexión institucional relevante: una de las personas formalizadas y actualmente en prisión preventiva participa o aparecía publicada en un órgano que administra una corporación directamente relacionada con la política deportiva comunal y que recibe importantes recursos provenientes de la Municipalidad de Maule.
Una investigación que comenzó en 2024
La investigación comenzó en octubre de 2024 y terminó esta semana en un amplio operativo policial, en el cual participaron alrededor de 70 detectives.
El Ministerio Público sostiene que la estructura habría operado durante varios años mediante la coordinación entre particulares ligados principalmente a Constructora Pereira Limitada y funcionarios ubicados en diferentes organismos públicos.
El fiscal regional del Maule, Rodrigo Peña, cifró preliminarmente el monto defraudado en aproximadamente $2.972 millones, mientras otros $316 millones estarían relacionados con presuntos sobornos y delitos asociados.
Los antecedentes conocidos alcanzan al Gobierno Regional del Maule y a funcionarios de las municipalidades de Villa Alegre, San Javier, Longaví y Colbún, además de operaciones que la Fiscalía vinculó con otras instituciones.
La formalización identificó entre los principales imputados a David Ernesto Pereira Leiva, propietario de Constructora Pereira Limitada; Patricio Javier Pedraza Portugués, vinculado a Consultora Inversa SpA; Aida Guadalupe Leiva Torres, copropietaria de la constructora; funcionarios municipales y dos personas pertenecientes al Gobierno Regional: Rodrigo Alonso San Martín Henríquez y Óscar Eduardo Pérez Ramos.
¿Cómo habría funcionado el mecanismo?
La tesis expuesta por la Fiscalía es particularmente relevante porque no describe simplemente pagos irregulares aislados.
Según la formalización, la presunta organización habría utilizado facturas electrónicas asociadas a obras, adquisiciones o servicios inexistentes o distintos de aquellos efectivamente ejecutados.
Estas facturas eran posteriormente cedidas a empresas de factoring, que adelantaban el dinero creyendo que existía una obligación válida de un municipio u organismo público.
Ahí aparece una pieza esencial del mecanismo.
De acuerdo con la exposición del Ministerio Público, funcionarios que tenían acceso a los respectivos procedimientos administrativos no objetaban las facturas dentro del plazo correspondiente ni advertían a sus jefaturas de las inconsistencias, permitiendo así que los documentos adquirieran fuerza para su posterior cobro. En otros episodios investigados se habrían generado pagos múltiples vinculados a una misma operación.
La Fiscalía sostiene que, a cambio de esa colaboración, se habrían efectuado pagos a funcionarios públicos.
Esto último constituye precisamente una de las razones por las cuales en la causa aparecen investigados, entre otros ilícitos, cohecho, fraude al Fisco, estafas, falsificación de instrumentos mercantiles, lavado de activos y asociación criminal. Diario Talca
Es fundamental precisar que estas son imputaciones del Ministerio Público. La formalización y la prisión preventiva no equivalen a una condena y cada imputado mantiene su presunción de inocencia mientras no exista una sentencia firme.
Casi $3 mil millones: el mapa preliminar del perjuicio
La exposición realizada ante el tribunal permitió por primera vez observar la dimensión económica que tendría el caso.
Según la Fiscalía, los perjuicios investigados incluyen aproximadamente:
| Institución | Perjuicio señalado en formalización |
|---|---|
| Municipalidad de Linares | $1.100 millones |
| Municipalidad de Villa Alegre | $700 millones |
| JUNJI | $300 millones |
| Gobierno Regional del Maule | $287 millones |
| Municipalidad de Colbún | $222 millones |
| Municipalidad de Longaví | $176 millones |
| Municipalidad de San Javier | $38 millones |
Respecto del Gobierno Regional del Maule, la Fiscalía indicó que se investigan operaciones por unos $287 millones, de los cuales alrededor de $90 millones habrían alcanzado efectivamente a pagarse.
Otros montos y operaciones llevarían el perjuicio total investigado a una cifra cercana a los $3 mil millones.
La arista del Gobierno Regional y Óscar Pérez
La participación atribuida por la Fiscalía a los funcionarios del GORE constituye uno de los aspectos más delicados de la investigación.
Durante la audiencia se identificó a Rodrigo Alonso San Martín Henríquez, relacionado con el control de obras, y a Óscar Eduardo Pérez Ramos, individualizado en la formalización como funcionario relacionado con el área de inversiones del Gobierno Regional.
Según la tesis presentada por el Ministerio Público, ambos habrían mantenido contactos con la empresa investigada y facilitado información privilegiada relacionada con procedimientos del Gobierno Regional, permitiendo la emisión y tramitación de documentos asociados a estados de pago que la Fiscalía considera falsos, sin activar oportunamente los controles internos correspondientes. La acusación sostiene además que estas actuaciones estarían relacionadas con pagos indebidos.
Nuevamente, estas afirmaciones corresponden a la tesis de la Fiscalía y deberán acreditarse judicialmente.
Pérez no era un funcionario ajeno a la administración de inversiones
La documentación oficial disponible permite establecer que Óscar Pérez desarrolló durante años tareas directamente relacionadas con la gestión de inversiones regionales.
Ya en 2011, un documento de seguimiento de Subdere lo identifica cumpliendo labores como coordinador de actividades relacionadas con el Programa de Manejo Integral de Residuos Sólidos de la Región del Maule.
Posteriormente aparece reiteradamente en actos administrativos del Gobierno Regional.
Una resolución asociada a proyectos de inversión de 2023 lo identifica como encargado de la Unidad de Administración de Inversiones, profesional grado 8°, integrando además comisiones de evaluación y recepción de bienes financiados regionalmente.
Documentos oficiales correspondientes a 2024 también lo incorporan a comisiones evaluadoras de proyectos y lo identifican dentro del Departamento de Gestión o Inversión Regional.
Mercado Público registra asimismo procesos anteriores en los cuales Pérez figuraba como administrador de inversión o responsable de contrato, con funciones como velar por el cumplimiento contractual y visar documentación asociada a la recepción de productos.
Estos antecedentes no constituyen prueba de delito. Sí permiten comprender por qué su función resulta relevante para la tesis investigativa: se trataba de un profesional que conocía y participaba de procesos asociados a evaluación, administración, recepción y seguimiento de inversiones públicas.
El vínculo que lleva el caso hasta la comuna de Maule
Aquí aparece la dimensión particularmente importante para los auditores y lectores de Radio Pamela.
Óscar Pérez Ramos figura en la información institucional de la Corporación Municipal de Deportes de Maule como integrante de su directorio y vicepresidente.
La Corporación es una persona jurídica privada sin fines de lucro cuya misión está asociada a la ejecución de la política deportiva comunal, organización de talleres, competencias, actividades recreativas y apoyo a organizaciones deportivas. La propia Cuenta Pública municipal describe esas funciones.
El Registro Central de Colaboradores del Estado registra que, mediante decreto de marzo de 2026, la Municipalidad de Maule transfirió $250 millones a la Corporación Municipal de Deportes de Maule, destinados a financiar gastos de funcionamiento correspondientes al período enero-junio.
La Corporación también realiza directamente adquisiciones mediante Mercado Público. Durante 2026 aparecen, por ejemplo, procesos de compra de implementación deportiva desarrollados bajo su propio RUT institucional.
Esto convierte su gobierno corporativo en un asunto de evidente interés público.
Una precisión indispensable
No existe hasta este momento información que permita vincular esos $250 millones, las licitaciones de la Corporación de Deportes o la propia Municipalidad de Maule con la Operación Castillo de Naipes.
Los organismos que la Fiscalía ha mencionado como directamente afectados por las operaciones investigadas son otros.
El vínculo de Maule consiste, por ahora, en la posición institucional que ocupa o figuraba ocupando uno de los imputados dentro de la Corporación Municipal de Deportes.
Las preguntas que ahora debe responder la Corporación
Precisamente por esa distinción, el asunto abre una serie de interrogantes institucionales que son razonables y que deberían aclararse públicamente.
Entre ellas: si Pérez continúa jurídicamente formando parte del directorio; si mantiene la vicepresidencia después de haber sido formalizado y quedar en prisión preventiva; si el directorio ha adoptado alguna decisión sobre su situación; quién lo reemplazaría temporalmente; y qué mecanismos de control existen para separar sus funciones en la Corporación de aquellas que desarrollaba en el Gobierno Regional.
También resulta relevante determinar si, durante el período en que integró simultáneamente ambas instituciones, participó en decisiones de la Corporación relacionadas con postulaciones, proyectos o financiamiento provenientes del Gobierno Regional.
Plantear esas preguntas no supone afirmar que haya existido una irregularidad. Son materias de transparencia y gobernanza que adquieren relevancia precisamente porque se trata de una corporación financiada con recursos públicos y porque uno de sus directivos enfrenta una investigación penal de alta gravedad relacionada con su desempeño en otra institución.
El Gobierno Regional asegura que denunció los hechos
La actual administración del Gobierno Regional ha sostenido que los hechos investigados se originaron durante 2024, antes de que Pedro Álvarez-Salamanca asumiera como gobernador regional en enero de 2025.
Según la declaración institucional difundida tras la formalización, el GORE presentó una denuncia ante el Ministerio Público el 7 de abril de 2025 y posteriormente, el 17 de abril de 2026, interpuso una querella criminal contra la constructora, su representante legal y quienes resulten responsables.
El organismo también instruyó un sumario administrativo. Uno de los dos funcionarios investigados se encuentra suspendido y el otro habría presentado su renuncia, aunque la declaración pública citada no individualizó cuál de las dos situaciones corresponde específicamente a cada imputado.
El gobernador Álvarez-Salamanca sostuvo públicamente que su administración entregó antecedentes tanto a Fiscalía como a la PDI y manifestó que no protegerá eventuales irregularidades.
Una investigación que podría crecer
La causa está lejos de encontrarse cerrada.
El Juzgado de Garantía de San Javier fijó cuatro meses de investigación y mantuvo a los diez formalizados en prisión preventiva.
Además, apareció una nueva línea investigativa.
El fiscal Patricio Caroca informó que se analiza una posible arista internacional de lavado de activos, luego de detectarse alrededor de $160 millones que habrían sido enviados desde Chile hacia personas en Colombia, mediante múltiples transferencias de montos pequeños.
Será precisamente la investigación la que deberá determinar qué participación corresponde individualmente a cada uno de los formalizados.
